En octubre pasado se cumplieron cinco años del día que Vanessa Landínez Ortega no volvió a casa. En febrero de este año, Amelia fue asesinada por su expareja en Pisulí. El 20 de febrero se cumplieron seis años del asesinato de la joven Karina del Pozo. En enero de este año, un hombre apuñaló a Diana Carolina en Ibarra. Días antes, Martha fue víctima de una violación grupal en Quito.

La Fiscalía General del Estado atendió más de 66 500 casos de violencia de género en el 2018. En promedio se registran 11 denuncias por violaciones cada día durante los últimos tres años. Las cifras son alarmantes y para los colectivos de protección de las mujeres son señales de que la violencia de género se recrudece.

El femicidio es la expresión final de una cadena de maltratos físicos, sexuales, psicológicos y patrimoniales. Muchas de las víctimas ya habían sufrido distintos ataques antes de su muerte. Algunas, como en el caso de Amelia, ya habían pedido ayuda.

Rosita Ortega, prima de Vanessa, dice que la búsqueda de justicia se convierte en una “tortura” para los familiares de las víctimas. Procesos que se dilatan, la revictimización constante de las mujeres y sus parientes, la incertidumbre y la dificultad para conseguir sentencias para los agresores impiden que los allegados de las víctimas puedan vivir su duelo dignamente, apunta.

“No hay una justicia que tenga como característica de celeridad. Se demoran mucho los procesos, las víctimas son sentadas en el banquillo de los acusados. Ellas son las principales sospechosas de su propia muerte”, reconoce Ortega.

El caso de su familiar está en revisión en la Corte Nacional de Justicia porque el presunto agresor interpuso un recurso de casación que podría anular la sentencia en segunda instancia en la que el acusado debería cumplir seis años de prisión.

María Dolores Charvet, de la plataforma Vivas Nos Queremos, dice que este caso es una muestra de lo que ocurre con muchos crímenes y que no termina con la muerte de una mujer, sino que se extiende durante todo el proceso judicial. Por ello, el colectivo nació como una forma de dar visibilización a los casos de violencia de género en el país y apoyar a las familias en la búsqueda de justicia y reparación.

Ellas realizan acompañamientos en las diligencias judiciales, en audiencias y se movilizan para involucrar a la ciudadanía. Además, buscan presionar al Estado para que dé respuestas por los procesos que duran años en investigaciones.

“La idea es que los casos no queden en el olvido. La gente se moviliza para las marchas o cuando ocurre algún caso, pero el resto del tiempo no hay acciones”, dice Charvet. Para estas mujeres, la memoria es un paso importante para obtener justicia y reparación para las víctimas, así como para evitar que se sigan dando nuevos casos de violencia de género.

“El feminicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) desde el 2014. En el 2017 se aprobó a Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Cómo han cambiado las cosas? Nos siguen matando. Este año el Gobierno redujo el presupuesto destinado a combatir la violencia de género”, apunta Charvet.

Todos los días escriben mujeres a la plataforma. Buscan distintos tipos de ayuda: información, asistencia legal, un refugio. Desde Vivas Nos Queremos guían a las mujeres en los procesos y les dan soporte.